El Congreso e Indecopi investigarán presunta sobrevaluación de textos escolares

Los libros circulan sin certificado de calidad del Ministerio de Educación porque la ley no está reglamentada
Las editoriales siguen haciendo de las suyas en coordinación con los colegios privados para obligar a los padres de familia a comprar determinadas marcas de textos escolares a cambio de jugosas comisiones económicas para los directores y profesores.

En marzo del año pasado una denuncia periodística sacó a la luz esta mala práctica realizada por las editoriales Santillana, Corefo, Hilder y San Marcos. Un año después el programa “Panorama” mostró –nuevamente– cómo representantes de las tres primeras ofrecen bonificaciones para vender los libros a precios inflados. La editorial Bruño está incluida.

¿Cómo se permite tamaña impunidad? ¿Por qué los padres no pueden elegir libremente el lugar y los proveedores donde comprar los libros? Todo apunta a la desidia del Ministerio de Educación.

LEY NO SE APLICA
Existe una ley, la 29694, publicada el 3 de junio del 2011, que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares. La norma se promulgó meses después de que se hiciera público la existencia de estas mafias editoriales.

Según la norma, los textos que se venden en el mercado deben seleccionarse bajo criterios técnico-pedagógicos y acreditados por especialistas del sector Educación. Otro aspecto es la creación del Observatorio Nacional de Textos Escolares, a cargo del Minedu, el cual facilitaría a los consumidores información permanente sobre precios de los textos escolares y la certificación de contenidos. Todas las editoriales tienen la obligación de registrarse en este observatorio, según la ley.

Sin embargo, a la fecha, este no funciona. Tampoco la validación de la selección de textos. En la página web del Minedu solo existe un link que se enlaza con la lista de precios publicada por Indecopi.

¿La razón? “La ley no puede aplicarse porque no ha sido reglamentada”, advierte Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta para la administración estatal de la Defensoría del Pueblo.

Esta carencia –según la adjunta de la defensoría– deja sin herramientas a los padres para elegir dónde y a qué precio adquirir los libros. “Las denuncias revelan que existe direccionalidad en la compra. La selección no se estaría llevando por criterios pedagógicos, como exige la ley, sino por criterios de índole personal e intereses económicos”, añadió.

¿Cuánto es y cómo esta ingresa la bonificación que se brinda a directores y profesores a cambio de que ellos pongan en su lista –como obligación– la compra de estos materiales? Esa fue la interrogante planteada a los representantes de Indecopi y del Minedu que acudieron ayer a la Comisión de Defensa de Consumidor del Congreso.

“A través del Minedu hemos pedido que se obligue a los colegios privados del país a que presenten una declaración jurada en la que manifiesten el motivo pedagógico por el cual han optado por tal o cual editorial y que declaren qué beneficios han recibido en los últimos tres años”, sostuvo el congresista Jaime Delgado, presidente del citado grupo de trabajo.

Esta información se cruzará con la investigación iniciada por Indecopi. “Las editoriales tendrán que acreditar cómo han venido canalizando millones y millones de soles para el pago de estas comisiones”, dijo Delgado.

GUARDAN SILENCIO
El Comercio intentó conocer la versión de Indecopi, pero aseguraron que las dudas serán despejadas hoy en una conferencia de prensa. En su portal web han colocado el aviso “Información que está siendo fiscalizada” en la lista de precios de Santillana, Corefo, Hilder y Bruño. A través de un comunicado, informó que, luego de concluidas las investigaciones, se aplicarán las sanciones respectivas.

COMPROMISO DE LAS EDITORIALES
El año pasado, los representantes legales de las empresas editoriales afiliadas a la Cámara Peruana del Libro (CPL) suscribieron un acta de compromiso de prácticas éticas en la comercialización de textos escolares en el perú. Sin embargo, algunas habrían violado otra vez el pacto firmado. Jaime Carbajal, presidente de la CPL, señaló que hoy evaluarán qué sanción recaerá sobre las cuatro editoriales denunciadas. “Me siento indignado, el martes [hoy] se ha citado al consejo directivo para evaluar la situación de estas empresas, que va desde la amonestación hasta la expulsión”, indicó.

MARTÍN VEGAS TORRES, VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN
“Se busca que los padres elijan el precio”

¿Cuál es el punto principal del reglamento de la ley? 
Con el reglamento se busca que el director seleccione una terna de tres libros de distinta editorial que permita elegir a los padres y asegurar la mayor competen-cia de precios. en las próximas semanas el congreso estaría debatiendo el reglamento para luego ser aprobado.

¿El observatorio ya fue imple-mentado conforme lo estable-ce la ley mencionada? 
No. solo está implementado como una lista de precios en las páginas web del ministerio de educación y del indecopi.

¿Cómo se evalúa la calidad de los textos escolares? 
En los colegios privados, la se-lección de calidad la hace la pro-pia institución educativa.

¿Qué acciones ha emprendi-do su sector en este tema? 
El procurador del minedu ha so-licitado que se haga la investiga-ción penal respectiva.

¿Se ha fijado un plazo?
Lo que hemos encontrado es materia de delito porque se está obligando a un padre a comprar un producto sobre el cual no tie-ne decisión y quien recibe el be-neficio es el director del colegio. será el ministerio público el que siga la investigación y dicte las sanciones.

¿Los padres están obligados a comprar determinados tex-tos escolares? 
Los colegios privados tienen la potestad de organizar su pro-puesta educativa incluyendo la selección de textos esco-lares. lo que sí no pueden es obligar a compararlos en un solo lugar.

Fuente:
El Comercio
ROSA AQUINO ROJAS
LUIS GARCÍA BENDEZÚ
Panamericana Tv.